El principio determinante de cualquier archivo no es necesariamente la adquisición, sino la conservación. Después de fundarlo, requiere de un cuidado constante para mantenerlo, y entre más grande sea el archivo, más esfuerzo exige de parte de sus administradores. Aquellos que están compuestos mayoritariamente de libros, también conocidos como bibliotecas, implican retos especiales. Ciertamente, algunos archivos personales —como por ejemplo la Biblioteca Alfonso Reyes— están circunscritos por el alcance bibliográfico de una vida humana y, en todo caso, sus ecos a lo largo del tiempo, pero otros —como la Biblioteca del Congreso de Washington, DC— fueron diseñados de modo semejante a la de Babel levantada por Borges dentro del plano literario: para llegar a ser universales.
De hecho, antes de que se convirtiera en la más grande del mundo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos era una colección particular: después de que se quemara la biblioteca original durante la invasión británica de 1810, el ex presidente Thomas Jefferson vendió sus 6_487 libros al Congreso por 23_950 dólares.
Menos de un siglo después, se había construido el señorial edificio principal que lleva su nombre. El Jefferson —junto con otros dos almacenes también nombrados por presidentes, el Adams y el Madison— alberga más de 130 millones de fuentes archivales, es decir, materiales dignos de ser citados, a una cuadra del Congreso. Aun si redujéramos el campo a aquellos libros publicados en inglés, se incorporarían alrededor de tres millones nuevos títulos al año. Pero por otro lado, precisamente por su tamaño gigantesco, la Biblioteca del Congreso tarda varios años en incorporar nuevos materiales, todos los cuales deben pasar primero por un riguroso proceso de selección.
No obstante, aun siendo la biblioteca nacional de facto de Estados Unidos, no lleva ese título oficialmente; tal vez porque pertenece en sentido estricto a los congresistas. Tampoco es forzoso, a diferencia de las bibliotecas nacionales de Francia, de Suecia o de Australia, que guarde un ejemplar de cada libro (o cada película o cada pieza musical) publicado en el país —un requisito legal conocido como el “depósito legal”, definido por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA, por sus siglas en inglés) como una obligación estatuaria de los editores o editoriales que se aplica a cualquier material que se considere como archival—. En otras palabras, el depósito legal es nada menos que el grado cero del canon nacional de un país.
En México, bajo el decreto del 23 de julio de 1991, cada editor o editorial tiene la obligación legal de entregar una copia de cada libro, periódico y revista publicado a la Biblioteca Nacional y otra a la Biblioteca del H. Congreso de la Unión. Desde luego, hay muchos —más de la mitad, como se verá más adelante— que no cumplen con esta ley. Cuando eso ocurre, la Biblioteca del H. Congreso de la Unión les manda... recordatorios. Por lo tanto, aquella sensación del saqueo que prevalece en las bibliotecas mexicanas comienza no por todos los que roban sus ejemplares, sino con las editoriales que nunca las entregaron.
Ahora bien, como reza el dicho popular, en todos lados se cuecen habas, y este incumplimiento riguroso se extiende por toda la región. Según una reunión sobre el caso latinoamericano que se sostuvo en México en 1998 bajo los auspicios del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) de la UNAM, el caso mexicano de desacato al depósito legal se repite en muchos países de la región. La gran diferencia estriba en el número de ejemplares que supuestamente tendrían que entregar a sus respectivas bibliotecas nacionales.
Pero desde luego, no todos los países son iguales. Según un artículo de Claudia B. Bazán publicado en www. ifla.org, el porcentaje de cumplimiento con esta ley en la región según la IFLA es, respectivamente: Venezuela (77.1), Cuba (62.5), Colombia (58.3), Brasil (55.4). El ganador es Perú, en donde el cumplimiento con las leyes de depósito nacional alcanza un espectacular 83 por ciento. México, en cambio, está casi empatado con España con un vergonzoso 46.6 por ciento —pero cuando menos, tiene (eso sí) una exhaustiva bibliografía nacional—. Y hay casos más graves: nos siguen Argentina (36.3) y Panamá (31.3), países que ni siquiera cuentan con una bibliografía nacional. En cuanto a Guatemala, resultó ser Guatepeor: carece por completo de un sistema de depósito legal.
Volviendo al caso mexicano, en comparación a aquellos tres millones de títulos recibidos anualmente en la Biblioteca del Congreso, aquí según el director del CUIB, el doctor Filiberto Felipe Martínez-Arellano (en la misma página de internet), se registraron en 2002 solamente 10_414, que aun tomando
en cuenta la diferencia de potencia editorial, son pocas nueces. Especialmente si se considera el objetivo ostensible de las bibliotecas nacionales: nada menos que el establecimiento de un Control Bibliográfico Universal, un afán positivista que ya a estas alturas del siglo XXI se ha revelado como un caso claro de hubris, siendo benevolentes, o bien un sistema insostenible, siendo realistas.
El problema central que enfrentan ahora los depósitos legales, sin embargo, no es de incumplimiento o de compatibilidad. Más bien es el hecho de que los propios sistemas que fueron diseñados con el propósito de conservar un archivo, acaban por destruirlo. El autor estadounidense Nicholson Baker, en su controvertido libro Double Fold (2002), ha señalado que la digitalización de las bibliotecas, anunciada como una salvación tecnológica, se ha convertido más bien en una especie de beso de la muerte, dado que medios como el microfilm han resultado ser más frágiles y mucho menos duraderos que, digamos, una hoja de papel periódico. Por lo mismo, aunque la versión digitalizada de un título en efecto ocupa menos espacio y es, por lo tanto, más barata de conservar, la transferencia es costosa y se corre el riesgo de que el propósito central, que es precisamente la conservación, se subvierta en últimas instancias.
Además, si eso fuera la Escila de las bibliotecas, Baker también identificó una Caribdis: el problema que implica un depósito obligatorio para todos aquellos materiales que nacieron siendo digitales. Hoy día hay un verdadero boom de textos en internet que nunca han sido impresos. Como indica la IFLA, éstos son materiales que ya no se publican, sino que más bien se hacen disponibles. Los editores individuales se han convertido en auténtica legión gracias a la red y es, por esa misma facilidad, más difícil obligarlos a cumplir con los estándares internacionales. Y la legislación mexicana, entre muchas otras, no contempla hasta la fecha esta fuente de producción en las leyes que rigen el depósito legal. El onus de conservarla cae, a fin de cuentas, sobre los estrechos hombros de los bibliotecarios. Y es una carga muy pesada, aunque sea virtual: no es suficiente guardar los archivos en algún disco duro, hay que mantenerlos, lo cual involucra la actualización constante de los formatos digitales para poder tener acceso a ellos. Es decir: podemos leer perfectamente un libro publicado hace tres siglos o más. Lo leemos con mucho cuidado, para no dañarlo, pero es legible. Pero simplemente ya no podemos leer la información contenida en un floppy grabado circa 1985, a menos que alguien haya mantenido en perfecto estado su Apple IIE correspondiente. El proceso de mantener el paso de los cambios tecnológicos para todo un corpus bibliográfico resulta ser no sólo muy difícil, sino también muy caro. Irónicamente, parece que saldría más barato en últimas instancias transferir muchos de estos materiales digitales a —aunque usted no lo crea— papel para lograr su conservación a largo plazo.
Lo cual resulta poco probable. Porque después de todo, en la época de la piratería y el shuffle del iPod, la coherencia y la clasificación ya no son los signos gobernantes. El fin del depósito legal sería, en ese sentido, otro triunfo —aunque pírrico— de la era digital sobre los ideales decimonónicos de orden y progreso.
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